La ciudad debería ser un espacio abierto al ejercicio de la ciudadanía y “ciudadanía” es un concepto político que sólo se entiende en el espacio físico de la ciudad. Y sin embargo contamos con cada vez menos espacios para hablar, para discutir, para vernos, para interrelacionar políticamente con otros y otras, para escuchar opiniones distintas y valiosas; vivimos inmersos en micromundos en los que sólo nos relacionamos con los que son muy afines. En las modernas ciudades no sabemos dónde está la gente, qué opina, no es fácil hacer propuestas conjuntas, vernos.  No hay espacios para el debate político que hemos dejado en manos de partidos e instituciones, no hay medios, no hay facilidades para hablar, debatir, escuchar…la propia estructura de la ciudad nos va alejando, cada vez más, del ejercicio de la ciudadanía activa.

Pero el hecho de que no haya espacios para la política no es inocente. Al poder no le gusta que andemos discutiendo sobre lo que el poder hace. Por eso el urbanismo actual ha convertido las ciudades en espacios en los que es muy difícil comunicarse. Son espacios que garantizan ciudadanos ensimismados en sus propias vidas y las de sus pequeñas familias, son ciudades “de uno en uno” que tienen como fin último individualizar en lo posible la convivencia, meter a los ciudadanos/as en compartimentos estancos que se relacionen entre ellos lo menos posible: de casa al trabajo, del trabajo a casa, el ocio en el centro comercial y las únicas relaciones, si acaso, con el vecino de al lado que será, seguramente, muy parecido  a nosotros. Los centros urbanos, los tradiciones lugares de convivencia ciudadana,  se vacían para ser ocupados por empresas y por transeúntes que compran o trabajan y a los que se supone que les molesta cualquier otro uso de ese espacio. Y los barrios se vacían también de los tradicionales espacios de vida para que cada uno se refugie en su espacio individual, jardín privado o comunitario incluidos, del que sólo se sale al centro comercial o a espacios de ocio previamente codificados.

Estas ciudades dormitorio o esta proliferación de viviendas unifamiliares hasta el infinito, además de destrozar el paisaje,  son espacios sin voluntad cívica de ninguna clase y una muestra de la ideología neoliberal del individualismo reflejado en el urbanismo. Por eso, volver a la ciudad, sentarse en el suelo y escuchar lo que otra mucha gente tiene que decir, es un ejercicio de ciudadanía insólito pero que lleva en sí mismo la semilla del cambio. Aunque sólo sea porque es devolver a la ciudad la función para la que la ciudad fue creada: hacer ciudadanía.

Este sistema, que ya no nos garantiza (y cada vez menos) unos mínimos de vida, puede que termine por no garantizarnos tampoco las libertades básicas. Hemos entrado en un proceso en el que la protesta se está convirtiendo en una expresión subversiva porque subversivo parece ahora cualquier intento de disentir. El sistema necesita de la aquiescencia de gente sumisa, y ahí están todos los partidos de poder, los sindicatos, todas las estructuras y organizaciones que forman parte del mismo: las élites. Con la gente en estado de suma indignación, ya no importa tanto ganar o perder elecciones, al fin y al cabo, ellos van a seguir ahí, como que la cosa no se les vaya totalmente de las manos, como que no se produzca un cambio real.

Está ocurriendo en todo el mundo. En Chile los estudiantes claman por una educación pública de calidad y el 80% de la población les apoya. No les apoya en cambio ningún partido y son reprimidos duramente por el sistema que les gasea, les pega, les detiene y les impide manifestarse. La izquierda (la Concertación) que estuvo en el poder muchos años, no avanzó nada en ese sentido. Se ha roto la cadena de transmisión entre partidos y ciudadanía, los partidos a lo suyo y la ciudadanía desamparada. Una petición como la de educación pública está sirviendo para reprimir a la gente de manera brutal, pero sobre todo para demostrar hasta qué punto quienes gestionan las vidas de los chilenos son una élite alejada completamente alejada de las demandas justas de la ciudadanía.

En la India, una democracia, la mayor del mundo se dice, se ha detenido a un líder pacifista por pretender iniciar una huelga de hambre ¡sin permiso oficial! Y de manera preventiva se detiene a 1300 seguidores pacifistas. El motivo de las protestas era tan antisistema como protestar contra la corrupción endémica y tan extendida que es ya una parte inevitable del sistema. Como la ciudadanía parece que se ha hartado y protesta pacíficamente, se están produciendo detenciones masivas y de pacifistas. No hablemos de las protestas en el mundo árabe que son apoyadas o ignoradas por los gobiernos adalides de la democracia según les guste o les sea más útil el dictador de turno o según tengan más o menos intereses por ahí.

En EE.UU y ahora en Inglaterra se imponen (o se plantean en el caso del Reino Unido) toques de queda para los jóvenes. Un toque de queda general supone que para evitar lo que pueda pasar, antes de que pase nada, todos son culpables y se restringe la libertad de circulación de todos. (¡Si eso lo llegan a hacer los comunistas…) En Reino Unido dos personas han sido condenadas a 4 años de cárcel por comentarios hechos en el Facebook. En el futuro lo que se pone en las redes sociales puede ser delito grave, porque cada vez más se considera que alentar a la protesta es alentar la violencia. Por supuesto que esto sólo vale para la violencia contra el sistema. No se va a detener a los hinchas futbolísticos, ni a los religiosos fanáticos, ni a los patriotas fanáticos, ni a los fanáticos en general. Solo a quienes se manifiesten contra el sistema. Se trata de matar la disidencia antes de que se generalice, de ahí el carácter que se pretende ejemplarizante de las penas.

Por supuesto que ya muchos gobiernos se plantean restringir el uso de Internet también. Se bloquea la telefonía móvil no para evitar que se cometa un delito, sino para evitar que se proteste, para evitar que podamos transmitirnos consignas de protesta legítima y pacífica. Aquí hemos tenido ejemplos de sobra de esto con la represión laicista a la venida del Papa. Pero, además de la represión y criminalización de las protestas,  pacíficos del 15M, palos a los laicos, Sol cerrada a cal y canto, el metro paralizado…todo no para evitar la violencia, que no hay, ni el delito, que no existe, sino simplemente para evitar la protesta. Con la llegada del Papa hemos comprobado clarísimamente de qué manera, cuando la tensión social se vuelve preocupante, la élite se cierra y se apoya. De un Presidente laicista hemos pasado –mediado por la crisis y las protestas sociales- a volcarnos con la iglesia,  a consultarles sobre nuestras cuestiones políticas y a pedirle “su apoyo” para acabar con ETA, ver qué se hace con el Valle de los Caídos o salir de la crisis. Normal, los verdaderos poderes pueden diferir en la manera de gestionar la riqueza, pero ante la presión social se vuelven uno.

Por lo mismo se usa sin pudor ninguno la censura. ¿Alguien recuerda ya las críticas a la censura en las dictaduras comunistas? Pues aquí se censura sin más y ninguno de los grandes partidos, de los sindicatos, de los medios de comunicación ponen el grito en el cielo. Se ha censurado impunemente una campaña a favor del preservativo que había contratado una organización católica que participa en las JMJ. ¡Se censura una campaña a favor de un producto legal, usado masivamente, que se vende en los supermercados, recomendado incluso por las autoridades sanitarias! Se censura porque no se puede permitir nada que parezca que disienta de la fiesta oficial que se ha montado con el Papa a ver si la gente se distrae un poco.

Mientras, el poder (económico) como siempre puede hacer lo que quiera. Puede delinquir, por supuesto: evadir impuestos, realizar operaciones monetarias fraudulentas e ilegales, malversar, blanquear dinero, y todo eso por cientos o miles de millones, da lo mismo;  por eso no irá nadie a la cárcel. En el caso de los políticos pueden dilapidar el dinero, tirarlo literalmente. Me impresionó esta frase de un funcionario de Defensa leída en El País: “Hemos comprado armas que no necesitábamos, para conflictos que no existen y con dinero que no teníamos” ¡Por valor de 26.000 millones! Y no ha pasado nada, al parecer es normal, son las cosas de los ministerios. (100 millones pide la FAO estos días para Somalia, por cierto)

Pero ¡ay del que robe una bolsa de patatas fritas (Como en la Edad Media, un chico en Inglaterra ha sido condenado a cuatro años de cárcel por robar una bolsa de patatas que costaba 5 euros)! ¡Ay del que anime por Internet a la gente a unirse a una protesta aunque la protesta no exista, ay del que ose ponerse en huelga de hambre o acuda siquiera a una manifestación  que cuestione de cualquier manera este sistema!. Con el sistema no se admiten bromas. No nos queda otra que declararnos en rebeldía, insumisos, antisistema. Y aun así creo que hay que votar, convertir el voto en parte de la protesta,  votar partidos que propongan cambios radicales en el sistema, como Equo y seguir protestando.

Hasta hace poco los conflictos sociales que se producían en los países ricos eran conflictos laborales concretos; se manifestaban los trabajadores de uno u otro sector, los perjudicados por una u otra política. Por primera vez vemos como la ciudadanía se manifiesta, aquí, en Santiago de Chile, en Israel, en Grecia, en Portugal a causa no de algo concreto, sino en demanda de justicia social. Nos manifestamos porque se ha roto el pacto social que nos garantizaba, mal que bien, vidas vivibles, y porque nos hemos quedado a la intemperie. Unos se manifiestan porque no tienen, ni tendrán trabajo; otros porque no tienen esperanza de futuro; muchos porque no pueden acceder a una vivienda, muchas personas porque no pueden tener hijos por falta de ayudas; otras muchas porque la educación pública ha dejado de ser la garantía de la igualdad de oportunidades para convertirse en marca de desigualdad; nos manifestamos porque trabajar toda la vida ya no asegura una vejez apacible, sino incierta, un tiempo en el que no sabemos de qué vamos a vivir, porque el sueldo no alcanza para nada; porque todo se considera un bien privatizable y vemos cómo desaparece lo común para ser entregado a unos pocos: la educación, la salud, las pensiones, los recursos naturales, nuestros cuerpos, todo; y también porque todo esto ocurre en medio de un espectáculo obsceno en el que contemplamos como se regalan miles y miles de millones a los bancos, a las financieras. Así que no es que no haya dinero, es que nos lo quitan para dárselo a otros.

La socialdemocracia europea, comandada por la izquierda nórdica, con una política impositiva fuertemente progresiva consiguió sociedades en las que cualquier persona, naciera en la familia que naciera y en las circunstancias en que lo hiciera, tenía acceso al menos a una educación suficiente y a servicios básicos bastantes como para llevar una vida digna en la que sí podía depender de sus capacidades y de sus preferencias personales para desarrollar su existencia. Vistas con distancia, el resultado de aquellas políticas no admite discusión: se consiguieron sociedades ricas, cultas, igualitarias y también felices, según todos los indicadores. De hecho, han sido las sociedades más ricas, más cultas, más igualitarias, más solidarias y más felices de toda la historia de la humanidad.

Esas políticas llevadas a cabo por la socialdemocracia se universalizaron de tal manera que la derecha dejó de discutirlas, también las hizo suyas hasta el punto de que algunos derechos como la educación pública o la sanidad pública y universal pasaron a formar parte de las constituciones nacionales. Ese era el pacto social. Paz social a cambio de unos mínimos básicos de vida. La democracia representativa iba funcionando en la medida en que los distintos partidos representaban los intereses de la ciudadanía. Pero eso comenzó a romperse en los años 80 con la ofensiva en todos los terrenos de un capitalismo que decidió que no ganaba bastante dinero y fue preparando el terreno hasta llegar a hoy día. Quizá es que el mundo se le ha quedado pequeño; quizá es que ya no queda nada de lo que apropiarse en África, empobrecida y sangrada hasta el extremo, o en Latinoamérica, en donde las políticas que impuso el FMI generaron no sólo extremos insoportables de miseria y de injusticia, sino también la aparición de guerrillas que finalmente desangraron a esos países en guerras civiles terribles, en muerte y destrucción que se han prolongado por décadas y que aun sufren. Por allí no queda mucho que rascar.

Para cuando el capital vuelve sus ojos a los países ricos la democracia se ha convertido en una partitocracia esclerotizada, los países han cedido soberanía a las instituciones económicas, la izquierda ha desparecido, y la ciudadanía de las clases populares, la gente corriente, la que no es rica, la que no tiene nada excepto su trabajo, ve cómo ya no tiene quien la defienda desde la política, no tiene quién hable por ella después de años de discursos en los que se sostenía que las clases sociales habían desaparecido y que todos éramos iguales. Pues he aquí que no, que sigue habiendo ricos y pobres y que los más ricos siguen teniendo intacta la capacidad para empobrecernos a casi todos los demás. Lo que sí ha desaparecido, al menos de las instituciones, son los partidos como expresión de la voluntad de la ciudadanía, las convicciones políticas que defendían a la mayoría de la gente de la voracidad infinita de los ricos, de los poderosos. De ahí el “No nos representan”.

El pacto social está roto. La crisis, ya se ha dicho, no es sólo económica, sino que es ética, política, de derechos humanos básicos, ecológica. Se ha instalado una enorme desafección hacia un sistema, como el de la democracia representativa, que hasta hace poco era inatacable y que ahora parece incapaz de representar a nadie. Al mismo tiempo vemos cómo la correa de transmisión que permitía que esas cuestiones fueran las importantes, las que los partidos discutían en los parlamentos democráticos, también se ha roto. Los parlamentos se han convertido en oficinas en las que se gestiona, con pequeñas diferencias, la política impuesta ya no sólo por instituciones económicas supranacionales, sino que últimamente tenemos la sensación de que nos gobiernan empresas privadas que a su vez son gobernadas por facinerosos. El espectáculo de ver a todos los gobiernos del mundo pendientes y al dictado de lo que dicen esas llamadas empresas de calificación, que no son sino negocios privados cuyo único fin es maximizar sus beneficios a costa de lo que sea, de países enteros, de vidas, no es que sea inmoral y antidemocrático, es que es aterrador; es que da pavor.

Por eso los que nos manifestamos en todo el mundo reclamamos un nuevo pacto social entre las instituciones y la ciudadanía, un pacto que garantice unos mínimos básicos de vida, que garantice, en definitiva, justicia social. ¿Cómo lo hacemos? No lo se, pero sí se que lo viejo no sirve. Nuevos partidos, nuevas ideas, nuevas personas, nuevas formas de actuar, nuevas reivindicaciones (aunque son las de siempre, al mismo tiempo…) Un nuevo pacto social o un pacto social renovado es lo que tiene que ofrecer ahora la izquierda; ese pacto tiene que suponer restricciones claras al capitalismo, ese pacto tiene que ofrecer la posibilidad de controlar políticamente los mercados, tiene que posicionarse claramente en contra del neoliberalismo y a favor de la ciudadanía, a favor de la justicia social y de la solidaridad. Todo lo que no sea esto ya sobra y no convence. La alternativa es la nada, el estallido social que no se sabe a dónde nos llevará.

Bien, pues he aquí que, de repente, las dictaduras comunistas han sido sustituidas por las dictaduras de los mercados, mientras que los derechos humanos siguen en su sitio y por cierto, no hay más que leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos para darnos cuenta de que es verdad que los derechos allí recogidos son incompatibles con este capitalismo globalizado en el que vivimos. Esgrimiendo ese ya viejo texto, propio de un momento de esperanza mundial, nos daremos cuenta de que la defensa que la derecha hace del mismo se refiere únicamente a los derechos políticos, pero olvida todos los demás, así como la ética que los inspira. El neoliberalismo nos está conduciendo a un mundo de incumplimiento generalizado de esos derechos básicos que un mundo salido de una terrible guerra pensó como el mínimo necesario para que una vida humana pudiera merecer tal nombre.

El derecho a la libre circulación de las personas se incumple tan universalmente que hoy día no hay estado o gobierno que lo asuma o defienda ni siquiera teóricamente. Por su parte el neoliberalismo no es sino la ideología que preconiza el incumplimiento de la mayoría de los derechos llamados sociales o económicos: el derecho a la educación, a la sanidad, a la igualdad, a una vivienda…Es más, el neoliberalismo es la defensa a ultranza de políticas que deroguen estos derechos allí donde se han conseguido; es la ideología que defiende que los mecanismos puestos por los estados y las sociedades para tener acceso a aquellos vayan desapareciendo. Tanto es así que la misma ONU ha advertido que el plan de ajuste puesto en marcha en Grecia podría constituir un atentado a los derechos humanos.

Los gobiernos de derechas que “adelgazan” la sanidad o la educación, como los gobiernos de Madrid, Valencia o Cataluña, atentan contra los derechos humanos de la ciudadanía de esas comunidades. El gobierno y la oposición que no sólo no se han preocupado nunca de crear los mecanismos para ofrecer una vivienda digna a cada ciudadano/a atentan contra los derechos humanos y atentan gravemente cuando se niegan a tomar medidas que impidan que miles, cientos de miles de personas, pierdan sus casas por culpa de operaciones especulativas a las que ellos, como gobernantes, no pusieron ni freno ni cuidado.

Los Derechos Humanos no consisten sólo en meter un voto devaluado y cada vez más inútil en una urna. Todos los derechos humanos se podrían resumir en uno sólo: derecho a una vida digna que merezca la pena ser vivida y ésta se basa en pilares muy claros: igualdad, sanidad, educación, vivienda, trabajo, y sí, también derecho a elegir a nuestros gobernantes pero sin olvidar que con ese voto de lo que se trata es de que estos gobernantes lleven las aspiraciones ciudadanas a la política y no se desentiendan de ella en cuanto pasan a formar parte de la clase política, tal como sucede ahora.

Hay que empezar a preguntar a nuestros políticos, especialmente a la derecha, pero no únicamente, si son partidarios de la defensa de los derechos humanos de sus conciudadanos o si se han convertido, como algunos sátrapas y dictadores, en violadores constantes de los mismos. Si no saben a qué nos referimos, les leemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a ver qué dicen.

Vamos, que no está nada claro que los gobiernos quieran derrotar completamente al enemigo. Tranquilizarle sí, (de hecho “calmar” es el verbo que usan los medios de comunicación y los portavoces gubernamentales). Calmar, pedirle que no se cobre más sangre de la necesaria, pero no derrotar. La pregunta que estamos en nuestro derecho a hacernos es: ¿Por qué no se le quiere derrotar si todo el mundo admite que nos atacan? Pues quizá porque en realidad, más o menos sanguinarios, más o menos brutales, están del mismo lado. No hay otra explicación que esta si analizamos los movimientos de quien se supone que tiene que defender a la ciudadanía de los ataques de los mercados.

Porque¿Qué hacen los gobiernos para ganar esta guerra? Pues parece que nada o que lo hacen todo al revés. Algunos ejemplos: se liberaliza todo el suelo y ante la burbuja inmobiliaria creada, causante en parte de la crisis, ¿qué se propone? Más liberalización. Se sangra a los pueblos con medidas estructurales que más que de ajuste son de empobrecimiento y ¿qué resulta? Más ataques de los mercados pidiendo más y más y empeoramiento de la calidad de vida. Se fijan techos imposibles de déficit y ajustes que además del empeoramiento de la vida, hacen más difícil el crecimiento y posponen el pago de la deuda… ¿qué se propone ante esto? Más ajustes, peores condiciones de vida. ¿Se soluciona la crisis, se mejora, se toman medidas reales para combatir estos ataques? No. ¿Se cambian políticas que han resultado fallidas, que han demostrado que sólo favorecen más ataques…? ¿Se escucha a los expertos que ahora se ha demostrado que tenían razón? Pues no, se sigue haciendo caso a los que han demostrado que se equivocaban.

Y todo esto, un despropósito, lo hacen los gobiernos mientras proclaman que no hay alternativas. Como es imposible que no haya alternativas y como, además, muchos prestigiosos economistas explican estas alternativas, tenemos que pensar que o bien los gobernantes son tontos o, en realidad, lo que quieren es garantizar las ganancias bancarias y hacerlo sin que se note, mediante la política ya conocida del palo (el mercado) y la zanahoria (las políticas antisociales, siempre antisociales, que justifican ante los supuestos ataques de aquellos)

Es urgente recuperar la política para la gente, la política como instrumento para mejorar la calidad de vida de la gente y no para empeorarla. Eso pasa, visto lo visto, por otros políticos, otros modos de entrar en política, otros modos de vivir en política (y no de la política) y otros modos de salir de la política. La vieja política, los viejos políticos, los viejos modos de hacer política no valen. Lo que nos defienda, con lo que nos defendamos, tiene que ser nuevo; hay que crearlo y afortunadamente mucha gente está en ello.

Rubalcaba lleva tiempo diciendo, en la más pura política mentirosa que tanto se estila, que la policía no tiene órdenes de hacer redadas selectivas en las que se pidan los papeles a la gente en función del color de su piel, que no se hacen redadas para “cazar” inmigrantes sin papeles. Miente. Y se que miente no porque así lo vengan diciendo todas las asociaciones que se dedican a proteger a los inmigrantes de los abusos, sino porque yo misma la semana pasada en la estación de metro Nuevos Ministerios asistí al espectáculo de unos policías de paisano, muy disimulados, que pedían los papeles a la gente negra que pasaba por allí, así de simple; me paré un rato a mirar y ni una sola persona con aspecto de europea blanca fue requerida a entregar su documentación, ni una sola en los veinte minutos en los que estuve mirando.

Por el contrario, todas las personas negras o morenas de piel que tuvieron la desgracia de pasar por allí fueron conminadas a identificarse. Así que sí, no me cuenten cuentos que lo he visto. Existen redadas indiscriminadas contra personas que no han cometido ningún delito y dichas redadas están basadas en criterios racistas. Además, España es el país de la UE que ofrece menos garantías y que tiene una legislación más dura contra los extranjeros y esas leyes se han endurecido o aprobado con gobiernos socialistas, defensores de los derechos humanos, se supone.

Comenzamos a vivir en una especie de “despotismo ilustrado” en el que se están aprobando leyes y se están aplicando políticas que repugnan a la razón y al sentido de la justicia, de la igualdad o de la equidad, en muchos casos y que además son leyes o políticas que van en contra del bienestar general. Por si fuera poco, se trata de medidas que no han ido en ningún programa electoral y que por tanto no gozan de legitimidad democrática. Ante esto podemos observar que la ciudadanía se está levantando y actuando en contra de las mismas. La paralización de los desahucios por impago, la negativa a que un ciudadano que no ha hecho nada sea detenido en plena calle, la objeción ciudadana ante el abuso de determinadas políticas que parecen únicamente ocupadas en salvar las cifras macroeconómicas, el filibusterismo político que vemos cada día, la corrupción…han producido una deslegitimación institucional y política de tal calibre que la ciudadanía comienza a actuar por su cuenta.

Este es un camino con luces y sombras. La luz es la capacidad de resistencia de la ciudadanía, la capacidad para no caer en la resignación acrítica y enfrentarse a la injusticia. Las sombras ya las conocemos. Tenemos ejemplos de sobra en la historia reciente para saber de los peligros de la deslegitimación generalizada de las instituciones. Pero la deslegitimación es imparable si quienes se supone que son los representantes de la ciudadanía devalúan la democracia sin rechistar. Es un tiempo difícil en el que se nos exige que tomemos partido.

Es lo propio de los nuevos ricos, que hace unos meses aun pretendíamos ser. Igual que inaugurar un aeropuerto en Guadalajara o Castellón.  Todo nuevo, todo caro, todo lujoso, todo moderno; y todo político, cada político quiere su AVE o su aeropuerto. Un político no es nada si no inaugura una costosísima infraestructura. Nada de pensar en la eficiencia, en la utilidad, en el precio, en el coste.  Aun nos queda por llenar Galicia de AVE, y todo porque el Ministro Blanco es gallego y Feijó no podría soportar ser Presidente de una Comunidad sin Alta Velocidad, y nos queda también el AVE cántabro que no puede soportar conectarse al AVE a Bilbao, lo que sería lo lógico. Que haya habido que cerrar el absurdo AVE de Albacete no hace que nadie se de por aludido, eso se piensa después.

Pero, además del coste, el despilfarro del dinero público, el abandono de las políticas razonables que serían las de fomentar y modernizar los trenes de velocidad media, está el problema tan español de la responsabilidad política. Parece imposible pensar que a nadie, en unos ministerios llenos de técnicos, se le ocurriera que antes de construir una línea de AVE o un aeropuerto hay que hacer un estudio de su viabilidad económica por lo menos. ¿Nadie encargó un estudio o es que daba igual lo que los estudios dijeran? Pues me temo que, visto lo visto, es que no se hicieron estudios de viabilidad económica porque daba exactamente igual lo que estos estudios dijeran. Ahora que la competitividad y la eficiencia están tan de moda y se nos despide con tanta facilidad, ¿qué ocurre con los políticos que demuestran ser absolutamente ineficientes en el manejo de aquello que tienen que manejar? ¿Quién les despide? Mientras a nosotros, la ciudadanía normal y corriente, nos cobran, nos esquilman e incluso nos roban, ellos siguen gastando, despilfarrando, contaminando, derrochando como si tal cosa, como si les sobrara el dinero. Y debe sobrarles, total es nuestro…

En los años 80 la socialdemocracia se hizo de derechas, no nos engañemos ni le demos otro nombre, y decidió que cobrar impuestos no era moderno, no daba votos (si no se explica es obvio que no puede dar votos). Jordi Sevilla creo que fue el primero que dijo que bajar impuestos también es de izquierdas y, y después de él, todos los tecnócratas liberales del PSOE que han ocupado importantes puestos económicos: Solbes, Sebastián, Salgado y, claro, el mismo Zapatero. Si no hay gasto público elevado, financiado a través de los impuestos progresivos, (es decir, pagando mucho más los que tienen mucho más) ¿cómo se va a mantener una sanidad, educación, servicios públicos, de calidad, universal y gratuita? Estos servicios públicos garantizan o defienden la igualdad de oportunidades que se supone que es una de las señas de identidad de la socialdemocracia.

Sin gasto público, el espacio de esos servicios que antes garantizaba el estado para toda la ciudadanía se abre a la iniciativa privada. Es un enorme mercado en el que se pueden ganar miles de millones de euros y es claro que ese es el botín que el mercado pretende para sí, es decir, los ricos. La iniciativa privada se ha demostrado, a pesar de sus campañas, que es más ineficiente, más cara, más injusta y, sobre todo, no es universal, no es un derecho y al final muchos y muchas no podrán pagar por los servicios básicos o los recibirán de muy mala calidad. El PP y PSOE no han tenido otra política respecto a los impuestos que bajarlos. Naturalmente que cuando se bajan los impuestos se bajan los directos, es decir aquellos que gravan, que se cobran según la capacidad económica de cada uno. Pero se suben los indirectos, es decir, aquellos que no tienen en cuenta esta capacidad económica, los que se aplican sobre productos de consumo, y que por tanto son más injustos y repercuten en las personas que tienen menos.

Ya sé que esto que digo es básico, pero lo cierto es que nadie desde el PSOE (obviamente que la derecha está de acuerdo con este planteamiento) se molesta en volver a ella, visto el fracaso de sus devaneos neoliberales. Y como nadie lo explica, hay mucha gente, militantes, votantes, del PSOE que han asumido que los impuestos son, de por sí, algo malo. Pero si no volvemos a las políticas fiscales de izquierdas y a explicarlas no hay nada que hacer. Hay que aumentar los impuestos directos y perseguir con ahínco el fraude fiscal, eso es lo progresista y lo que es de izquierdas. España es uno de los países de la UE que menos ingresa a través de impuestos. Los derechos sociales y laborales, el derecho a una vida digna, hay que pagarlo y eso sólo puede hacerse mediante una política fiscal justa y de izquierdas, es decir redistributiva. A estas alturas y con la que está cayendo, todo lo que no sea hablar claramente de impuestos, de política fiscal, no puede considerarse un discurso de izquierdas. Estoy segura de que Equo incluirá en su programa electoral una propuesta fiscal progresista, es lo que necesitamos.

Si nos resulta insoportable ver como nuestras pensiones pasan a depender de un casino financiero, ver como los alimentos básicos se convierten también en materia especulativa es repugnante y debería ser asunto de estado para todas las democracias. Especular como se está haciendo con el hambre de países enteros debería ser por sí solo motivo para que saliéramos a la calle a exigir a estos gobernantes que paren esta deriva (auto)destructiva e inmoral.  Los pequeños agricultores han sido expulsados de sus tierras o se les hace ya imposible vivir de ellas y a cambio las grandes empresas se han hecho con el control de la mayor parte de la producción de alimentos básicos, con lo que pueden fijar sus precios como quieran. Pueden, tranquilamente, decidir que si el precio de un alimento es demasiado bajo y no ganan bastante dinero, entonces simplemente lo tiran, lo almacenan o no lo cultivan; pueden, por ejemplo dedicar la producción de alimentos a otros usos, como la del maíz que cada vez más es usado como combustible para los coches. Y esas decisiones condenan directamente a millones de personas al hambre.

Los habitantes de los países ricos tenemos que darnos cuenta de que todo esto es parte del mismo proceso aunque tenga diferentes consecuencias. Es parte de un proceso en el que la clase política ha entregado el poder a los poderosos para que sean ellos los que decidan las políticas en función de sus intereses. Como resultado de todo esto, la inmoralidad y las políticas injustas se están expandiendo por todo el planeta. Estas políticas inmorales están matando el planeta, condenando al hambre a millones de seres humanos, sumiendo en la pobreza a otros tantos y robando el bienestar que habíamos conseguido en algunos países. No es una exageración, es exactamente lo que está pasando. Debemos exigir que se juzgue con el mismo rasero cualquier vulneración de los derechos humanos, no sólo de los derechos políticos. Tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre y equiparar a estas políticas con graves vulneraciones de los derechos humanos porque lo son. Quien esté vulnerando o ayudando a vulnerar el derecho fundamental a la alimentación, está cometiendo un crimen contra la humanidad. Todos estos banqueros, financieros, empresarios, especuladores deberían ser juzgados, todos estos políticos cómplices también.